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Sí, puede reclamar.

Ante cualquier conflicto con la agencia de alquiler, solicite el libro de reclamaciones, pues constituye una obligación para el titular de la agencia de alquiler en la mayoría de comunidades autónomas.

Otra posibilidad es solicitar un arbitraje de consumo, presentar una reclamación extrajudicial contra la agencia, además de existir la posibilidad de acudir a la vía judicial. El consumidor puede formular demanda de  juicio verbal el Juzgado de Primera Instancia, si la cuantía no excede 900 Euros, mediante impresos normalizados que se hallarán en los propios Juzgados. El consumidor podrá presentar directamente esta demanda, sin necesidad de abogado ni procurador (si bien atendiendo al caso concreto, el asesoramiento del abogado puede ser indispensable para resolver el problema).

-       Carta de reclamación extrajudicial genérica .

-        Demanda judicial de juicio verbal (sin intervención de abogado ni procurador)

De acuerdo con la Ley, la empresa de alquiler debe poner a disposición del consumidor, de forma previa al contrato, y de manera clara y comprensible, la información necesaria para conocer las características esenciales del contrato (información precontractual), informándole de lo siguiente:

a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios.

b) La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la razón social, el nombre comercial, su dirección completa y su número de teléfono y, en su caso, del empresario por cuya cuenta actúe.

c) El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Si por la naturaleza de los bienes o servicios el precio no puede calcularse razonablemente de antemano o está sujeto a la elaboración de un presupuesto, la forma en que se determina el precio así como todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales.

En toda información al consumidor y usuario sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informará del precio total, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación, utilización de distintos medios de pago u otras condiciones de pagos similares.

d) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación del servicio.

e) Además del recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes, la existencia y las condiciones de los servicios posventa y las garantías comerciales.

f) La duración del contrato, o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución. Además, de manera expresa, deberá indicarse la existencia de compromisos de permanencia o vinculación de uso exclusivo de los servicios de un determinado prestador así como las penalizaciones en caso de baja en la prestación del servicio.

g) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando no sea aquella en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación.

h) La existencia del derecho de desistimiento que pueda corresponder al consumidor y usuario, el plazo y la forma de ejercitarlo.

i ) La funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables, como son, entre otras, la protección a través de la gestión de los derechos digitales o la codificación regional.

j) Toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente que conozca, como son, entre otros, el sistema operativo, la versión necesaria o determinados elementos de los soportes físicos.

k) El procedimiento para atender las reclamaciones de los consumidores y usuarios, así como, en su caso, la información sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, si están adheridos al mismo.

Esta información precontractual debe facilitarse al consumidor de forma gratuita y al menos en castellano.

Para evitar sorpresas se recomienda siempre solicitar un presupuesto previo

 

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