Hostelería / Restauración y Ocio

   

 

Sólo si la normativa de la Comunidad Autónoma no lo prohíbe, y si el establecimiento las ha indicado previamente en la lista de precios.

Las normas autonómicas establecen el principio de libertad de precios respecto a las empresas de restauración. Igualmente, imponen al empresario el deber de que la lista de precios esté expuesta al público, para que los consumidores y usuarios puedan conocerlos previamente (en el caso de los restaurantes los precios deben exponerse tanto en el interior del establecimiento como en el exterior, bastando que se expongan dentro, en el caso de los bares).

Algunas regulaciones autonómicas prohíben a los restaurantes la percepción de cantidades adicionales en concepto de reserva, cubierto, mesa o similares. Dado que esta prohibición es una norma obligatoria, no puede infringirse por parte del establecimiento comercial en ningún caso, y por tanto, el consumidor no está obligado a pagarlo aún cuando figure indicada en algún lugar del establecimiento, en la carta, etcétera. Si aun así, le son cobradas por el restaurante, el consumidor debe solicitar el tique o factura de servicios, e instar una reclamación, bien mediante la hoja de reclamaciones de la que obligatoriamente ha de disponer el establecimiento, o bien mediante un arbitraje de consumo (Formulario de Arbitraje de Consumo General ).

Sin embargo, salvo en el caso de algunas normativas autonómicas, ha de advertirse que, con carácter general, el empleo de las hojas de reclamación puede suponer la apertura de un expediente sancionador contra el establecimiento, si bien ello no implica que la Administración vaya a mediar para resolver el conflicto existente entre empresario y consumidor.

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