Compra de productos / garantías

   

 

Sí, pero sólo si el precio o el tiempo de la reparación no se corresponden con el que consta en el presupuesto.

Como en todas las reparaciones, el usuario tiene derecho a que le sea entregado un presupuesto previo a la realización de la reparación, por escrito, en un plazo máximo de 5 días desde que solicitó la reparación y con una validez mínima de 30 días desde que lo reciba.

El consumidor puede reclamar cuando el tiempo de respuesta o el precio de la reparación no se correspondan con el presupuesto.  Si no existe un presupuesto previo, aceptado por el usuario, éste puede reclamar cuando el precio de las piezas de repuesto, el de la mano de obra, el coste por desplazamientos y otros conceptos, sea superior al que consta en la información sobre las características y precio del servicio que el empresario ha comunicado al consumidor.

Entre tal información debe incluirse el precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la operación y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario. Si no puede fijarse el precio final del servicio, el empresario está obligado a informar al consumidor sobre cuál es la base de cálculo para obtener el precio, a fin de que se permita al consumidor comprobar el precio. Si existen gastos adicionales, el empresario también debe informar sobre su importe y, caso de no ser posible concretar dicho importe, debe al menos indicar que existirán tales gastos y de su importe aproximado.

En toda indicación de precios debe especificarse si lo se incluye o no el IVA aplicable y el tipo o porcentaje que corresponde.

En cuanto a las piezas de repuesto, la Ley marca un período máximo para que sean puestas a disposición del consumidor, de un mes desde la fecha de la solicitud de la reparación para los aparatos de importación, y de quince días para las piezas correspondientes a aparatos nacionales.

Téngase en cuenta que, a falta de presupuesto, le resultará más difícil al consumidor demostrar la discordancia en los precios o en el plazo pactado para efectuar la reparación.

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