Compra de productos / garantías

   

 

Sólo si el consumidor estaba informado antes del contrato y si constan en éste.

El consumidor sólo está obligado a pagar los gastos de entrega y transporte del producto a domicilio cuando conocía su existencia y su importe antes de haber contratado con el empresario la entrega de bienes o servicios. El empresario debe informar de la existencia e importe de estos gastos al consumidor de forma clara y veraz, y con antelación suficiente.

Estos gastos han de constar igualmente en el contrato suscrito entre el empresario y el consumidor, que siempre debe ser por escrito o, si el consumidor está de acuerdo, en cualquier otro soporte duradero; asimismo el empresario está obligado a entregar al consumidor un documento de desistimiento o, en su caso, deberá informarle de la pérdida de este derecho,.

Si el contrato no consta por escrito o si el empresario no ha entregado el documento de desistimiento, el contrato puede ser anulado a instancia del consumidor, por cualquiera de estas dos vías:

  1. Acudiendo a la vía judicial para obtener una Sentencia que declare el incumplimiento y le reintegre las cantidades pagadas además de indemnizarle, en su caso, por los daños y perjuicios sufridos. Si la cuantía de la reclamación es superior a 6.000 € deberá acudir a un juicio ordinario, que requiere abogado y procurador. Si la cuantía es inferior, puede acudir a un juicio verbal, que no requiere abogado ni procurador, si la reclamación es inferior a 2.000 € y que se inicia con una papeleta, menos formalista que un escrito de demanda. Véase el Formulario Juicio verbal

  1. Solicitando un arbitraje de consumo  ante la administración competente en materia de protección a los consumidores y usuarios (la Administración autonómica, aunque algunos municipios disponen también de sistemas arbitrales de consumo). Acceda aquí al Formulario Arbitraje consumo general

El consumidor también puede alegar la anulación del contrato como vía de excepción procesal si el empresario ha interpuesto una acción judicial contra el consumidor.

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