Sistemas de Arbitraje

   

 

El Sistema Arbitral de Consumo es un sistema para solucionar de modo eficaz los conflictos que surgen entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales cuando entre ellas realizan contratos de consumo.  

Este sistema es GRATUITO PARA EL CONSUMIDOR, sin formalidades especiales y con carácter vinculante para ambas partes, lo que permite resolver las reclamaciones de los consumidores o usuarios, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito.

Es una vía totalmente alternativa a la vía judicial para solucionar los conflictos que surjan entre consumidor y empresario, con relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor. Es decir, ante cualquier problema con el empresario que ha suministrado un bien o prestado un servicio al consumidor, cualquiera de las partes puede acudir a esta vía para resolver la situación, en vez de acudir a los tribunales de justicia. En lugar de ser un juez, quien decide sobre el conflicto planteado, lo hace una Junta Arbitral, formada por tres árbitros. Excepcionalmente puede ser un árbitro único, si así lo piden las partes de mutuo acuerdo o si la reclamación es inferior a 300,00 €.

Este sistema institucional, está organizado por las autoridades estatales, autonómicas y municipales, con competencias en materia de consumo. Cada Junta arbitral está formada por tres árbitros (colegio arbitral): su presidente y un árbitro designado por el consumidor y uno por el empresario. El árbitro o árbitros deciden en equidad, a diferencia de un Juez, que siempre debe decidir en Derecho; no obstante, las partes, de mutuo acuerdo pueden decidir que el árbitro decida en Derecho.

Corresponde a la Administración pública competente la designación del Presidente del colegio arbitral; en cuanto a los otros árbitros, son propuestos por las organizaciones de consumidores y usuarios y por las de empresarios o profesionales. La Administración competente debe comprobar que reúnen los requisitos de honorabilidad y capacitación suficientes, y cuando es así, pasan a formar parte de las listas de árbitros. Ante un conflicto concreto el consumidor puede elegir a un concreto árbitro, por una determinada organización de consumidores.

El procedimiento en virtud del que los árbitros deciden sobre la controversia, a diferencia del proceso judicial, no está sujeto a formalidades especiales, pero la decisión de dichos árbitros tiene carácter vinculante y ejecutivo para las partes.

Debe tenerse en cuenta que el consumidor siempre podrá acudir a la vía judicial en vez de a la vía arbitral, pues, de acuerdo con la Ley, incluso si en el contrato de consumo se ha convenido la sumisión de las partes, consumidor y empresario, a un arbitraje de consumo, ya sean las Juntas Arbitrales de Consumo, ya los otros órganos de arbitraje institucionales específicos para un sector o un supuesto específico, esas las cláusulas arbitrales incluidas en el contrato o en un convenio arbitral previamente al momento en que surja el conflicto no son vinculantes para el consumidor, pues se considera que el consumidor sólo puede evaluar correctamente el alcance de la decisión referente a los pactos de sumisión al arbitraje en el momento en el que surge la controversia.

 

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